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lunes, 31 de julio de 2017

Reflexiones iniciales sobre el poder de la Inteligencia Artíficial quizás autónoma en el ámbito jurídico-procesal

Las normas procesales actuales constatan nítidamente que son permeables a los avances tecnológicos. Así, por ejemplo, con precedente en la LO 16/1994, la LEC 1/2000 abrió definitivamente las puertas a las nuevas tecnologías y, posteriormente, reformas como la operada por la Ley 42/2015 redoblan la generalización, incluso obligatoria para los profesionales de la justicia, con el objetivo de mejorar el proceso a través de aprovechar las llamadas TICs.

Por el momento los resultados pueden considerarse modestos. Así y todo, entre otras cosas, facilitan las relaciones de los operadores jurídicos entre sí y con el órgano jurisdiccional a través de la notificación telemática, la generalización del documento firmado digitalmente, y el aprovechamiento de portales digitales en los que interactuar como ocurre con la subasta electrónica. Ahora bien, aunque el futuro siempre se presenta incierto, el avance de las tecnologías puede depararnos cambios que van más allá de la mera tramitación procedimental, principalmente por lo que se refiere al desarrollo de una inteligencia artificial que pueda llegar a ser autónoma.
Que el ser humano puede recrear artificialmente una inteligencia con capacidad para sentir de modo similar al ser humano, esto es, equivalente o incluso superior a la humana en todos los aspectos, sin duda representa un futurible bastante incierto al que se anteponen un buen número de problemas no solo técnicos, sino también de índole científico, moral, ético, filosófico y hasta religioso. Pero encontraría menos inconvenientes si el propósito fuera menos ambicioso, como meramente alcanzar una capacidad de imitar, incluso con mayor eficacia, determinadas actividades hasta ahora reservadas solamente al ser humano.
Desde la aparición de los primeros ordenadores, una inteligencia, generalmente representada en forma humanoide, ha sido objeto de atención de la ciencia en la ficción. Y ya en aquellos iniciales episodios se comprendió que debía verse afectada por un determinado marco regulatorio. Y lo bien cierto es que actualmente, como afirma gráficamente Rodríguez Bajón: “los robots ya están aquí y han venido para quedarse”. Y, en efecto, estamos conviviendo ya con robots de distinta naturaleza. Son robots, por ejemplo, aquellos que deciden la información más apropiada para consultar cuando usamos buscadores; quienes se ocupan de señalarnos, en determinadas webs, la persona con la que podemos tener afinidad en las relaciones afectivas; quienes comprenden nuestras preferencias para ofrecernos determinada publicidad; o, en definitiva, aquellos que recopilan los rastros que dejamos en internet para intentar influir en nuestras decisiones. Y esta relación con los robots no parece que vaya a amainar, sino todo lo contrario.
Otra cosa es que los robots puedan llegar a ser autónomos. Ciertamente, esta autonomía actualmente todavía resulta muy limitada, pero una mera proyección del estado de la técnica actual permite prever su potencialidad futura. No se trata, en suma, de una mera ficción literaria, sino de un futurible probable y de importancia creciente en la medida que se desarrolla la tecnología.
Hasta el punto es así que el propio Parlamento Europeo ha empezado a prestar seriamente atención a esta cuestión. Y lo ha hecho porque comprende que genera nuevos retos que deben ser observados y atendidos también desde la óptica jurídica. Esta particular atención se constata en el proyecto “robolaw”, en cierta actividad de los parlamentarios europeos en el ejercicio de sus funciones, en el borrador de informe del grupo de trabajo creado en el seno del Comité de Asuntos Legales del mismo Parlamento Europeo, y, por último, hasta el momento, en el informe del mismo Comité.
En el próximo post daré cuenta brevemente del trabajo –importantísimo- que se está realizando en el ámbito europeo para anticiparse a esta realidad imparable.

José Bonet Navarro

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