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martes, 12 de mayo de 2015

MacDonaldización legislativa y la conspiración del poder

MacDonaldización legislativa y la conspiración del poder

Ciertas ideas pueden parecer inexplicables, absurdas y, en los casos más extremos, llegar a ser consideradas como trastornos delirantes. Así podría calificarse la denominada como teoría de “la conspiración del poder”. Se trata de una tema que, por cierto, ya ha dado argumento a películas de intriga y palomitas, como la más bien irrelevante “Echelon Conspiracy”, dirigida en 2009 por Greg Marcks. Pero alguna de estas ideas, a pesar de presentarse como aparentemente paranoicas, ocasionalmente podrían no ser fruto de meras frustraciones y la baja autoestima derivada, ni, especialmente en aquellos más narcisistas, de unos prejuicios convincentes relativos a causas exógenas sobre unos males que no son capaces de explicar de otro modo...
Por el contrario, en ocasiones podrían perfectamente fundarse en indicios y hechos sacados de la realidad. Y es que el poder, en forma de negligencia, arbitrariedad, eventuales dosis de corrupción, excesiva inaccesibilidad, manifestándose con creciente deshumanización compensada solo por una burocracia que continuamente se justifica a sí misma y, sobre todo, por medio de un desorbitado y promiscuo desarrollo legislativo, quizá podría estar de alguna forma conspirando contra las personas. Siendo así, el asfixiante y desesperado argumento de la inacabada novela “El Proceso” (“Der Prozess” en la versión original) del célebre Kafka, más que como simple pesadilla de bancario genial, podría ser correctamente interpretado al final como una especie de premonición.
No voy a ser yo quien justifique ciertos comportamiento sin duda reprochables o, al menos, criticables. Ningún profesor universitario debe contratar trabajos de asesoramientos como persona jurídica, ni tampoco como persona física. Sin inexplicables sobres ni discretas transferencias, procede contratar a través de la misma Universidad, quien autoriza, factura, retiene, cobra y, por último, paga al profesor en su nómina. Ahora bien, cuando, por ejemplo, ves y escuchas al ministro de la hacienda española, en pose más cercana a Montgomery Burns que al profesor Hubert Farnsworth y casualmente de manera muy oportuna, poner en duda que determinados medios de comunicación, tertulianos o actores estén al corriente en el pago de sus impuestos; o también cuando, en general, el mismo personaje afirma que “quien esté inquieto es que le pasa algo”[1], discúlpenme, pero la teoría de la conspiración del poder parece que puede ser más que una simple hipótesis.
En la obra “McDonaldization of Society”, publicada el 1995 por el sociólogo norteamericano George Ritzer, se constata la tendencia social a exacerbar un proceso de racionalización formal que, en su momento, derivó en la sempiterna burocracia. El título de esta obra resulta oportuno también para calificar la tendencia de nuestro ordenamiento jurídico actual. En efecto, la legislación española, y también la valenciana, destaca por estar “motorizada”, tender a la producción, ser aparentemente superflua y banal, excesiva o, como gráficamente dice Boix Palop[2], “elaborada con pautas cada vez más semejantes a una cadena de producción, opresiva y paulatinamente omnicompresiva de la actividad social y económica”. En fin, en términos generales, contamos con una “fast legislation”, especialmente visible en el derecho administrativo pero no solo, de ínfima calidad, en la que fundamentalmente prima la cantidad, el low cost”, y el “copy and paste”. No obstante, esta lista de calificativos puede resultar benevolente porque el exceso legislativo va más allá de una simple “jaula de hierro” que, en la concepción weberiana, conduce a la parálisis, escasa innovación, atrofiada imaginación y pobre actividad social. En realidad, es todavía peor porque, si bien se mira, la verborrea legislativa representa ser, además de una "jaula", una verdadera “espada de hierro”.
Con vocación de regularlo todo, la legislación se establece con extraordinaria y no siempre lógica ni adecuada exigencia. Hasta el punto es así que su cumplimiento escrupuloso, por difícil, llega a ser excepcional en la generalidad de los casos. No obstante, esa exigencia nunca exime de generar un régimen represivo particularmente severo. Ejemplos hay muchos. Me decía un juez de instrucción valenciano –actualmente considerado estrella porque sale en la TV-, que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos cometemos una media de entre quince y veinte infracciones tanto administrativas como penales. Si bien a continuación me tranquilizaba diciendo: “en tu caso, como estás todo el día escribiendo en el ordenador, solamente la mitad” (lo matizaba, probablemente, porque entonces no había internet, blogs ni redes sociales). Y no parece que todo esto amaine, sino todo lo contrario. Cada día se regulan ámbitos más inimaginables. Hace algún tiempo, se generó cierta polémica porque un ayuntamiento catalán había impuesto una multa a un joven por recoger agua de una fuente pública[3]; o, sin ir más lejos, el 9 de abril de 2015 el periódico Las Provincias daba la noticia de que el Ayuntamiento de Valencia multaría por tirar toallitas higiénicas por el inodoro[4]… En fin, parece claro que cada día más normas van macizando el blindaje normativo y el castigo por su infracción. Al mismo tiempo, el propio sistema se regenera y paulatinamente se perfecciona. Una veces mejora comprobando como el administrado consigue orillar su asfixiante exigencia a través de los cada vez más escasos recovecos y vericuetos legislativos; y otras veces, la mejora viene de puro recibir resoluciones judiciales que, aunque puedan dar la razón al administrado, ponen en evidencia las debilidades normativas, de manera que vienen a mostrar como reforzarlas. El poder legisla, y se lo guisa cada vez mejor.
No obstante, por el momento, no hemos de alertarnos demasiado. Salvo cuando puntualmente interesa recaudar, sea por incapacidad, negligencia, inoperancia, desinterés o por otras razones equivalentes, no es general hacer uso del arma de represión que estamos dejando construir. En realidad, la clave está -por el momento- en no hacer uso general de este control ni, por tanto, tampoco sancionar sistemáticamente.
Pero, cuando el cumplimiento de la inmensidad legislativa sea de hecho imposible, y las sanciones no se puedan asumir por el común de las personas, el arma en construcción estará consumada. Solo será cuestión de tiempo que, en todo este entramado de perversa racionalidad, quien maneje los hilos del poder -el primer "criptofascista", de cualquier color, que se ilumine-, pueda hacer cumplir selectivamente el ordenamiento jurídico frente a la adverso o al diverso; frente al contrincante político; frente al tertuliano que opina lo que no guste; frente al actor que manifiesta opiniones divergentes; frente a todo aquel que mantenga una opción religiosa, sexual, ética, filosófica, política distinta; o, sencillamente, en un ejercicio de ciego paroxismo, frente a cualquiera y por lo que sea. Con todo, podemos estar relativamente tranquilos porque entonces la esclavitud será siempre transparente y rabiosamente legal.





[1] De esta noticia se hicieron eco numerosos medios de comunicación. Entre otros muchos, Levante el Mercantil Valenciano, el 30 de enero de 2015 (http://www.levante-emv.com/espana/2015/01/30/montoro-monedero-inquieto-le-pasa/1219443.html).
[2] BOIX PALOP, A., “De McDonald’s a google: La ley ante la tercera revolución productiva”, en Teorder, núm. 1, 2007, p. 129.
[3] Entre otros medios de comunicación que se hacen eco de la noticia y de la polémica generada “Polémica en Manresa por la multa a un joven que se abastecía de agua en una fuente pública”, en La Vanguardia, de 1 de septiembre de 2015,  (http://www.lavanguardia.com/local/ bages/20130123/54362987721/polemica-manresa-multa-joven-agua-fuente.html).
[4] “¿Quién se atreve ahora a tirar toallitas higiénicas al inodoro en Valencia”, en Las Provincias, 9 de abril de 2015 (http://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad /201504/09 /consistorio-prohibe-tirar-inodoro-20150409000610-v.html).