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martes, 5 de julio de 2011

Publicado el núm. 27 (julio-diciembre 2011) de la Revista Internauta de Pràctica Jurídica

Con la putualidad habitual, ya está publicado el núm. 27 (julio a diciembre de 2011) de la Revista Internauta de Pràctica Jurídica (Semestral de Dret Processal i Pràctic).
La revista viene con los siguientes trabajos:
LAS CUESTIONES PROCESALES EN LA AUDIENCIA PREVIA: ESTUDIO JURISPRUDENCIAL. De José Manuel Silvosa Tallón (Secretario judicial Juzgado Social núm. 3 de Santiago de Compostela. Profesor de Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Santiago de Compostela)
El presente trabajo versa sobre los aspectos procesales de la audiencia previa y el tratamiento procesal que de dichas cuestiones han dictado los tribunales, pretendiendo al menos en sus intenciones, servir a la práctica forense. Trata de recoger los problemas cotidianos que se plantean en la audiencia previa, desde la comparecencia en la misma hasta la preparación del juicio, pasando por lo que la doctrina ha llamado la funciona saneadora, es decir, corregir los defectos del procedimiento padecidos en la demanda y en la contestación, asimismo delimitar las alegaciones de las partes tanto complementarias, accesorias como aclaratorias y de rectificación. También se recoge la jurisprudencia fundamentalmente menor sobre las cuestiones relativas a la aportación de documentos como a la fijación de los hechos controvertidos y su terminación mediante una sentencia inmediata, como la preparación del juicio posterior.
EL DERECHO AL PLAZO RAZONABLE COMO CONTENIDO IMPLÍCITO DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO: DESARROLLO JURISPRUDENCIAL A NIVEL INTERNACIONAL Y NACIONAL. De Alex Amado Rivadeneyra (Abogado en Perú)
El derecho al plazo razonable ha sido desarrollado en jurisprudencia constitucional del Perú como contenido implícito del debido proceso toda vez que no ha sido expresamente regulado en la Constitución del Estado de 1993. En ese orden de ideas, el Tribunal Constitucional del Perú ha recogido diversos criterios de análisis influenciado por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En el presente documento de trabajo, se abordará el desarrollo de este derecho a la luz de la jurisprudencia internacional y su influjo en la jurisprudencia constitucional del Perú.


TEMERIDAD Y MALICIA PROCESALES AL BANQUILLO. CRÓNICA DE DOS LACRAS JURÍDICAS QUE PRETENDEN CONSOLIDARSE. De Jorge Isaac Torres Manrique (Abogado en Perú)
Con mucha razón se dice que en el proceso judicial afloran, patéticas y muy diligentes, la oscuridad y miseria humanas a escalas geológicas, no solamente por la corrupción de los servidores de justicia, sino también por la actuación de las partes, desde los actos dilatorios, hasta demandas maliciosas; soslayando a su vez los letrados en su mayoría, el compromiso ético y deontológico para consigo mismos, con la abogacía, con los patrocinados, con sus pares, con los magistrados, con la entidad gremial, con la majestad del derecho y finalmente, con la sociedad en su conjunto.
Estos graves y anómalos comportamientos del día a día abogadil, con el único fin de perjudicar a la contraparte o a terceros, se presentan con gran frecuencia en el proceso, obstruyendo la impartición de justicia; es así que el autor aborda en el presente trabajo los temas de la temeridad y malicia (que son absolutamente contrarios a la justicia y al derecho) en el proceso civil desde amplias perspectivas doctrinales, legislativas y jurisprudenciales, analizando sus orígenes, identificando y distinguiendo ambas figuras las mismas que no son solo propias y latentes en el Estado peruano y desarrollando con rigor académico, su problemática en la actualidad; desentrañando las causas de su comisión y sugiriendo derroteros como pautas para su aminoramiento. Huelga acotar que el presente ensayo cobra especial como gravitante relevancia, porque presenta una naturaleza bifronte, ya que, curiosa y preocupantemente (por decir lo menos), no solamente pocos autores del orbe no han abordado dichos temas, sino que además; no los han asumido en dicho nivel y línea de investigación, profundidad de análisis, así como de cosmovisión múltiple.



LA PRESCRIPCIÓN DEL DELITO. De Vicente José Martínez Pardo (Secretario Judicial. Doctor en Derecho. Profesor Asociado de Derecho Procesal en la Universitat de València)
La prescripción es una causa de extinción de la responsabilidad criminal fundada en la acción del tiempo sobre los acontecimientos humanos. Su fundamento radica en razones de seguridad jurídica. Se trata de impedir el ejercicio del poder punitivo, una vez que han transcurrido determinados plazos a partir de la comisión del delito (prescripción del delito, arts. 131 y 132 CP), o del pronunciamiento de la condena, sin haber cumplido la sanción (prescripción de la pena, arts. 133 y 134 CP). La vigente redacción del art. 132.2 CP que regula la interrupción y la suspensión del plazo de prescripción, fue introducida por la LO 5/2010, de 22 de junio, que reforma el Código Penal, después de la controversia entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional sobre el momento en que podía considerarse que el procedimiento se dirige contra el culpable, a los efectos de considerar interrumpido el plazo de prescripción.

Y, por último, con dos trabajos breves:

ANÁLISIS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS EN EL ASUNTO LAUTSI VS. ITALIA. De Rodrigo Lacueva Bertolacci (Secretario Judicial. Doctor en Derecho Procesal)
Análisis de la controversia que llegó a suscitarse ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como consecuencia de la demanda interpuesta por una ciudadana italiana contra su Estado interesando que se retiraran de los colegios públicos el signo de la cruz cristiana. Este debate, en la actualidad, sería extrapolable a la polémica existente en algunos Estados miembros de la Unión Europea en relación con el velo islámico en otros ámbitos.

CONSIDERAÇÕES SOBRE OS PRINCÍPIOS QUE REGEM A EXECUÇÃO PENAL COMO RAMO AUTÔNOMO E JURISDICIONAL DO DIREITO BRASILEIRO. De Bruna Fernandes CoÊlho (Abogada)
Consideraciones generales sobre la ejecución penal, carácter jurisdiccional y principios que rigen en la misma, entre otras, humanidad de las penas, legalidad, personalización de la pena, proporcionalidad, igualdad, resocialización.