¿Existe la conciliación penal?

A la pregunta de si existe la conciliación penal, puede responderse que sí y no, depende como se mire. Existe porque nuestra anciana, pero activa, Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su art. 804, se refiere a una conciliación cuando dispone que “no se admitirá querella por injuria o calumnia inferidas a particulares si no se presenta certificación de haber celebrado el querellante acto de conciliación con el querellado, o de haberlo intentado sin efecto”. De este modo, el citado precepto configura un requisito de procedibilidad cuyo cumplimiento debe acreditarse con anterioridad al momento de presentar la querella como condición para el inicio de procedimiento ante el Juzgado o Tribunal que corresponda.

Sin embargo, no puede afirmarse en puridad que exista una conciliación propiamente penal. En efecto, la exigencia del citado art. 804 LEC no coincide con las incidencias a que se refiere el art. 9 LECrim, sino que nos encontramos ante el procedimiento de conciliación regulado en los arts. 139 y siguientes de la Ley de Jurisdicción Voluntaria. Y hasta tal punto es así que cuando el tribunal conoce de esta conciliación, no obstante derivar de hechos tipificados en el Código Penal, puede afirmarse que está actuando como órgano civil.

Por esto es que, en un supuesto de una conciliación previa a querella de calumnias e injurias entre miembros de la guardia civil, según el AAP Pontevedra, Secc. 1ª, 29/2008, de 14 de febrero, son competentes los órganos jurisdiccionales civiles, siempre que no exceda del contenido de un acto de conciliación. Argumenta literalmente esta resolución que “la competencia para conocer de los actos de conciliación corresponde a la jurisdicción ordinaria, y más concretamente, al orden jurisdiccional civil, no sólo porque así se prevé de forma expresa, sino porque, primero, la propia Ley Orgánica del Poder Judicial determina las materias que, en el orden civil, corresponden a la jurisdicción militar con carácter excepcional y limitado a diligencias de prevención, entre las que no se encuentran los actos de conciliación, y, segundo, la Ley Orgánica de Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar restringe el ámbito competencial de esta jurisdicción a la materia penal, tutela judicial en vía disciplinaria y de los derechos reconocidos en las normas de desarrollo. En consecuencia, el orden jurisdiccional civil no puede abstenerse del conocimiento de un acto de conciliación por estimar que la competencia corresponde a la jurisdicción militar”.

De hecho, conforme al art. 140 de la Ley de Jurisdicción Voluntaria, la competencia corresponde al Juzgado de Paz o al Letrado de la administración de justicia del Juzgado de Primera Instancia o Mercantil correspondiente, y no ningún otro órgano jurisdiccional penal, sea Juzgado de Instrucción o de lo Penal ni, todavía menos, Audiencia Provincial. No es casual, pues, que la LECrim no contenga norma especial ni regula trámite alguno para conocer de estas llamadas “conciliaciones penales”, sino que sus trámites se contienen en la citada LJV, sin perjuicio de que procede la aplicación íntegra de la parte general de LEC, incluida la relativa a los actos de comunicación, y concretamente el art. 156 LEC.

En definitiva, puede afirmarse con toda rotundidad que la conciliación penal no existe en puridad. Nuestro ordenamiento jurídico solamente regula una conciliación civil, aunque resulte necesaria para que se admita una querella por injuria o calumnia inferidas por particulares, y nada más. Ahora bien, a diferencia de lo que es norma general en el proceso civil, representa un raro ejemplo de conciliación obligatoria que, afortunadamente, solamente opera como requisito de procedibilidad en el muy concreto supuesto de querella por injurias y calumnias entre particulares.

J. Bonet Navarro

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Notas sobre la conciliación tras la Ley 15/2015, de Jurisdicción Voluntaria

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Ranking twitter jurídico de docentes universitarios de derecho en el ámbito iberoamericano (verano de 2017)

Los rankings pueden ser útiles para hacerse una idea comparativa de la actividad que se desarrolla. Hay diversos rankings jurídicos, pero, que yo sepa, ninguno de docentes universitarios de derecho en twitter. Y por eso creo que este ranking puede tener algún interés.

Por supuesto, el ranking se elabora con los datos en un momento concreto (días 24 y 25 de junio de 2017), y estos datos son cambiantes. Por eso se ha titulado con cierta amplitud “verano de 2017”.

Petición de monitorio para reclamar gastos de comunidad

El formulario de la semana (de actos de parte en el proceso civil). Esta semana, otro fondo de armario, la petición para reclamar gastos de comunidad de propietarios frente al vecino moroso. En este caso, tiene una particularidad propia, y es que el formulario es el impreso normalizado.

Véase el Acuerdo de 22 de diciembre de 2015, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueban los modelos normalizados previstos en las leyes de Enjuiciamiento Civil y de Jurisdicción Voluntaria (clic aquí, BOE núm. 24 de 28 de enero de 2016).

AL JUZGADO (...)

D./ña. (...), con DNI y NIF número (...), domiciliado en la calle (...), número (...), piso (...), de la localidad de (...), con número de teléfono (...) y domicilio laboral en la calle (...), número (...), piso (...), de la localidad de (...), con número de teléfono (...), fax (...) y dirección de correo electrónico (...), como PRESIDENTE/A ADMINISTRADOR/A DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS de la casa número (...), de la calle (...), de la localidad de (...), formulo PETICIÓN INICIAL DE PROCESO MONITORIO en reclamación de (...) correspondiente a la liquidación de la deuda y, y en su caso a los gastos del requerimiento de pago contra:

D./Dña (...), con DNI y NIF número (...), con domicilio en la calle (...), número (...), de la localidad de (...), con número de teléfono (...), fax (...), como propietario de la vivienda o local.

Actualmente puede ser localizado también en la calle (...), número (...)

En caso de que el/la anterior propietario/a de la vivienda o local no hubiera comunicado la venta o transmisión a la Comunidad, podrá también demandarse al/a anterior propietario/a, indicando los mismos datos personales). 

D./Dña (...), con DNI y NIF número (...), con domicilio en la calle (...), número (...), de la localidad de (...), con número de teléfono (...), fax (...), como propietario de la vivienda o local. 

Actualmente puede ser localizado también en la calle (...), número (...)

Si la persona o personas que figuran como propietarios/as de la vivienda o local en el Registro de la Propiedad no coinciden con el/la vecino/a moroso/a también podrán ser demandados. 

D./Dña (...), con DNI y NIF número (...), con domicilio en la calle (...), número (...), de la localidad de (...), con número de teléfono (...), fax (...), como propietario de la vivienda o local. 

Actualmente puede ser localizado también en la calle (...), número (...)

HECHOS

PRIMERO.- Que soy presidente/administrador (tache lo que  no proceda) de la Comunidad de Propietarios arriba expresada, en virtud de acuerdo adoptado por la Junta, y estoy debidamente autorizado para formular esta reclamación. Se acompaña copia del/las actas como documento número uno.

SEGUNDO.- Los/as demandados/as son propietarios/as (y, en su caso, anteriores propietarios/as y/o titulares registrales), de la vivienda/local de la escalera (...), planta (...), letra (...), de la casa que forma la Comunidad demandante.

TERCERO.- La Junta de Propietarios aprobó la liquidación de la deuda, ante el incumplimiento por parte del/a deudor/a de sus obligaciones de pago frente a la Comunidad, por importe de (...)

Se acompaña como documento número dos certificación del acuerdo aprobando la liquidación. 

CUARTO.- El importe de la deuda se comunicó al/a deudor/a:

...en su domicilio.
...en el específicamente designado por el/a propietario/a.
...en el tablón de anuncios u otro lugar visible de uso general.
Se acompaña como documento número tres el documento acreditativo de la notificación. 

QUINTO.- En su caso, con carácter previo a la presentación de esta petición, se ha requerido previamente de pago a la/s persona/s deudor/a, lo que ha ocasionado a esta Comunidad unos gastos de (...)
Se acompañan como documento número cuatro los justificantes de dichos gastos.

En atención a lo expuesto PIDO AL JUZGADO:

1.o Que se requiera a la/s persona/s deudor/as para que en el plazo de veinte días, pague/n a la Comunidad la cantidad de  (...), así como, en su caso, el importe de (...) correspondiente a los gastos de previo requerimiento de pago, y para el caso de que no pague/n la suma reclamada ni comparezca/n alegando razones de la negativa de pago, se dicte decreto dando por terminado el proceso monitorio y se me dé traslado del mismo para que pueda instar el despacho de ejecución.
2.o Que si la persona/s deudora/s se opone/n por escrito alegando razones para negarse total o parcialmente al pago, se dé por terminado el monitorio y se acuerde seguir por los trámites del juicio verbal, dándome traslado de la oposición para poder impugnarla por escrito en diez días. 

(Marque la opción si quiere el embargo)
Y para el caso de oposición solicito el embargo preventivo de bienes suficientes de la persona deudora, para
hacer frente a la cantidad reclamada, los intereses y las costas, sin necesidad de prestar caución

En (…) a (…) de (…) de (…).

Firmado por el Presidente/a Administrador/a de la Comunidad de propietarios.

Relación de documentos adjuntos:

NOTA IMPORTANTE:

Lo que se ofrece en esta colección no son ejemplos, sino meros formularios de escritos de parte en el proceso civil.

Las expresiones que se utilizan pretenden ser de las comúnmente empleadas en la práctica, pero siempre se trata de una cuestión de estilo. En este caso es el modelo normalizado que ofrece el propio CGPJ.

En general, los formularios deben revisarse siempre y en todo caso antes de cualquier utilización, tanto académica como en el foro. El autor de este blog no se hace responsable de las consecuencias que pudieran derivar por utilizar estos formularios, sobre todo sin la debida comprobación de la vigencia y suficiencia de las normas aplicables. Siempre debe comprobarse la vigencia y procedencia de las legislación mencionada o aplicada, así como la eventual existencia de otras normas aplicables que lo puedan completar o modificar.

En todo formulario ha de distinguirse lo que exige la ley (en la demanda principalmente arts. 399 LEC y 437 LEC); lo que es conveniente (por ejemplo, indicar el órgano jurisdiccional competente en la parte superior y resaltado en mayúsculas y negrita); y lo que es simple rutina o formalismo (como la expresión "suplico" en lugar de la más actual "petición" o "solicitud"). Lo primero es imprescindible, lo segundo es como mucho conveniente, y lo tercero, evitable.

El arbitraje

Resulta bien conocido que el arbitraje es una institución heterocompositiva, pues un tercero impone la solución de la controversia a las partes en conflicto de modo similar a lo que ocurre con la jurisdicción. Pero la potestad del árbitro no es, como la del titular de potestad jurisdiccional, de carácter jurídico público, sino que proviene de un acuerdo de las partes por el que las mismas, tras haber encargado a un tercero la solución, se obligan voluntariamente a su decisión.